Congreso de Sinaloa recibe informe del OIC de la Fiscalía General del Estado

Culiacán, Sinaloa. A 17 de febrero de 2026.- Durante la Sesión de la Diputación Permanente de este martes, se dio a conocer que el Congreso del Estado de Sinaloa recibió el informe semestral de actividades del Órgano Interno de Control de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa, correspondiente al periodo comprendido de julio de 2025 a enero de 2026, en cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica de la institución.

Mediante oficio fechado el 29 de enero de 2026, el titular del órgano, Fernando Ruiz Rangel, remitió al Poder Legislativo el documento que da cuenta de las acciones realizadas en materia de control interno, supervisión administrativa, investigación de responsabilidades y seguimiento al sistema de declaración patrimonial, entre otras atribuciones conferidas por la normatividad aplicable.

El informe fue presentado previamente ante la Fiscal General del Estado y posteriormente turnado al Poder Legislativo, conforme a lo dispuesto en el artículo 53 de la Ley Orgánica de la Fiscalía, el cual establece la obligación de rendir cuentas de manera periódica sobre las actividades desarrolladas por el Órgano de Control.

En el documento se detallan las acciones emprendidas durante el semestre, entre las que destacan visitas de supervisión a diversas áreas operativas y administrativas, la emisión de recomendaciones orientadas a fortalecer los mecanismos de control interno, la intervención en procesos de entrega-recepción, así como la supervisión en la administración de bienes muebles institucionales.

Asimismo, se informa sobre el seguimiento al sistema de declaraciones patrimoniales y de conflicto de intereses de las y los servidores públicos, así como sobre los procedimientos relacionados con la investigación, substanciación y resolución de responsabilidades administrativas.

El Órgano Interno de Control señaló que la rendición de este informe forma parte de las acciones orientadas a fortalecer la transparencia, la legalidad y la rendición de cuentas dentro de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa, en el marco del Sistema Estatal Anticorrupción.

Diputados del PAS presentan iniciativa para contar con permiso laboral a personas con problemas de salud mental

Primera lectura a iniciativa presentada por el Grupo Parlamentario del Partido Sinaloense, integrado por el diputado Víctor Antonio Corrales Burgueño y la diputada Jesús Angélica Díaz Quiñónez, que reforma y adiciona diversos artículos de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Sinaloa, en materia de permiso con goce de sueldo a personas trabajadoras diagnosticadas con alguna condición de salud mental.

Esta iniciativa tiene como objeto conceder a las personas trabajadoras al servicio del estado, diagnosticadas con alguna condición de salud mental, permiso para ausentarse de su centro de trabajo por un periodo de hasta siete días al año, con goce de salario íntegro. Para hacer válido este permiso, la persona trabajadora deberá presentar una valoración médica expedida por una persona profesional en psicología clínica o psiquiátrica, con cédula profesional vigente.

Para el Partido Sinaloense la salud mental ha dejado de ser un tema tabú para convertirse en una prioridad social y de política pública; la salud mental ha sido reconocida como un componente transversal para el desarrollo sostenible de las naciones, siendo parte del Objetivo de Desarrollo Sostenible 3 de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas. En México, de acuerdo con el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), tres de cada diez personas padecen algún trastorno mental a lo largo de su vida, y más del 60% de quienes lo sufren no reciben tratamiento.

En Sinaloa, tan solo de enero a julio de 2025, el Hospital Psiquiátrico del Estado brindó un total de 9 mil 119 consultas en salud mental, reflejando una creciente demanda de atención especializada. De ellas, mil 505 corresponden a consultas de primera vez y 3 mil 494 a consultas subsecuentes. Ante estos datos es que surge la necesidad de presentar esta propuesta de iniciativa a la legislación sinaloense, específicamente a la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado, toda vez que esta no contempla aún mecanismos específicos que permitan a las personas trabajadoras atender de manera preventiva o inmediata una crisis o condición mental sin ser requeridas a tramitar incapacidades médicas prolongadas, lo que muchas veces implica desgaste y estigmatización.

La iniciativa establece la obligación patronal de garantizar la confidencialidad del diagnóstico y de otorgar el permiso en un plazo no mayor a cinco días después de presentado el justificante.

Esta propuesta busca posicionar a Sinaloa como una entidad pionera en la protección laboral con perspectiva de salud mental, contribuyendo a la desestigmatización de los padecimientos psicosociales y al fortalecimiento de una cultura laboral orientada a la prevención, al tiempo que garantiza el derecho de los servidores públicos a un entorno saludable, en consonancia con las mejores prácticas internacionales y con la política nacional en desarrollo.