Culiacán, Sinaloa. A 21 de noviembre de 2024.- Las diputadas y diputados integrantes de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado de Sinaloa, encabezados por la dip. María Teresa Guerra Ochoa, firmaron un acuerdo de manera unánime en el que solicitan al Ejecutivo Federal mantener el subsidio a las tarifas de energía eléctrica (Tarifa 1F) durante los próximos cinco meses.
La solicitud se fundamenta en el Programa Sectorial de Energía 2020-2024 y el acuerdo federal del 22 de febrero pasado que estableció un esquema permanente de subsidio especial para los estados del noroeste, por lo que dicho acuerdo busca apoyar a la economía de las familias sinaloenses ante diversos factores que han afectado a la entidad.
La petición fue dirigida al Secretario de Hacienda y Crédito Público del Gobierno Federal, Rogelio Ramírez de la O; y a la titular de la Comisión Federal de Electricidad, Emilia Esther Calleja Alor. En el documento, las y los legisladores precisaron que durante 2023 el costo del subsidio para Sinaloa ascendió a 903 millones de pesos, beneficiando a usuarios domésticos en municipios donde no se aplicaba la tarifa 1F durante el período de verano.
Las y los integrantes de JUCOPO también pidieron analizar la implementación de un programa de apoyo en el consumo eléctrico para comerciantes, agricultores, pescadores y sectores de servicios afectados por la inseguridad, con el fin de evitar el cierre de negocios y la pérdida de más empleos.
[21/11, 12:48 p. m.] Congreso del Estado De Sinaloa: *Da Congreso lectura a cinco iniciativas. Dos proponen permiso laboral a mujeres ante una interrupción del embarazo*
Culiacán, Sinaloa. A 21 de noviembre de 2024.- El Congreso del Estado de Sinaloa dio lectura a cinco iniciativas, dos relativas al permiso otorgado y prolongación del mismo a mujeres por casos de interrupción legal del embarazo cuando se requiera mayor atención médica, y también otorgar permiso al esposo o concubino.
Las otras iniciativas son relativas a violencia cometida contra alumnado de planteles escolares, proteger a mujeres con discapacidad por hechos violentos en su contra, y establecer en la Constitución de Sinaloa la prohibición del maltrato animal.
Las dos primeras iniciativas fueron presentadas por los diputados del Grupo Parlamentario de Morena de la 64 Legislatura, Daniel Antonio Cisneros Castro y Rubén Miranda López, quienes proponen reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Sinaloa y de la Ley de los Trabajadores al Servicio de los Municipios del Estado de Sinaloa.
Los objetivos de estas reformas son otorgar a la mujer trabajadora, permiso para ausentarse de su centro de trabajo de dos semanas de descanso con el pago de salario íntegro en los casos de interrupción del embarazo por aborto natural, espontáneo o clínico. Dicho permiso podrá prolongarse, cuando por dictamen médico relativo al estado de gravedad de salud se requiriera mayor atención médica.
Asimismo, se contempla que el hombre trabajador tendrá derecho a cinco días de descanso con el pago de salario íntegro si su esposa o concubina se encontrase en los supuestos mencionados.
En la segunda iniciativa, se propone llevar estas mismas reformas ante la Cámara Federal de Diputados para modificar la Ley Federal del Trabajo.
La iniciativa relativa a violencia cometida contra alumnado de planteles públicos, fue presentada por las diputadas y diputado del PRI de la actual Legislatura, Paola lveth Gárate Valenzuela, lrma Guadalupe Moreno Ovalles y Bernardino Antelo Esper, quienes proponen reformar y adicionar la Ley de Salud del Estado de Sinaloa y la Ley de Educación para el Estado de Sinaloa.
En lo que corresponde a la Ley de Educación, se propone que en caso de que las y los docentes, el personal que labora en los planteles educativos públicos y privados, así como las autoridades educativas, tengan conocimiento de la comisión de algún hecho que la ley señale como delito en agravio de los educandos, niñas y niños deberán registrar y notificar al Ministerio Público y, en su caso, a las demás autoridades competentes, cuando presenten lesiones u otros signos de maltrato o violencia física, sexual o psicológica que pudiera constituir un delito o afectar su desarrollo integral.
El artículo que se propone adicionar a la Ley de Salud establece que “Los establecimientos en los que se presten servicios de atención médica, y el personal de salud de los sectores público, social y privado deberán registrar y notificar al Ministerio Público y, en su caso, a las demás autoridades competentes, los casos en que se les requieran servicios de atención médica para niños y niñas que presenten lesiones u otros signos de maltrato o violencia física o sexual que presumiblemente se encuentren vinculadas a la violencia familiar, sexual, o cualquier otro hecho ilícito.
Respecto a la iniciativa relativa a violencia contra mujeres con discapacidad, es presentada por la diputada Martha Yolanda Dagnino Camacho, del PVEM de la actual Legislatura, quien propone adiciones a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Sinaloa.
Las adiciones propuestas establecen que:
“Las mujeres con discapacidad tendrán derecho a que los procedimientos sean accesibles y a que se realicen los ajustes de procedimiento necesarios para ello. Las mujeres sordas tendrán derecho a contar con interpretación en lengua de señas mexicana, la cual será proporcionada gratuitamente”.
Asimismo, que “Los refugios y los Centros de Justicia para las Mujeres deberán contar con todas las condiciones necesarias para proporcionar atención, en igualdad de condiciones y sin discriminación, a las mujeres con discapacidad, incluyendo la posibilidad de contar con asistencia personal”.
La iniciativa relativa a la protección de los animales es presentada por la diputada Alma Rosa Garzón Aguilar, diputada de Morena de la 64 Legislatura, quien propone reformar y adicionar la Constitución Política del Estado de Sinaloa.
El objetivo es que constitucionalmente quede prohibido el maltrato a los animales, y que las autoridades estatales y municipales garanticen la protección, el trato adecuado, la conservación y el cuidado de los animales, en los términos que señalen las leyes respectivas.
Todas las iniciativas fueron turnadas para una segunda lectura, con excepción de la última, que por ser propuesta de reforma constitucional se turnó a la Comisión de Puntos Constitucionales y Gobernación para su análisis y dictaminación.
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